Territorialidad superpuesta y resistencia popular

Territorialidad superpuesta y resistencia popular

Fernando Proto (Universidad del Salvador, Buenos Aires)

Estado de la Cuestión

El objetivo general del presente trabajo consiste en describir el proceso de formación del movimiento de resistencia popular frente a la megaminería multinacional en el Valle de Famatina, La Rioja (2006-2017). El Valle de Famatina, situado en la provincia de La Rioja, noroeste de Argentina, desde comienzos del siglo XXI ha sido objeto de interés por parte de las megamineras transnacionales Barrick Gold, Shandong Gold, Osisko Mining Corporation y Midais, centradas en desarrollar actividades extractivas de oro, plata cobre y molibdeno. La disputa por la “licencia social” de los proyectos mineros ha revelado la estructuración de una trama política local coincidente con el interés extractivista de las transnacionales y contraria a la voluntad de la comunidad afectada, siendo consecuencia de ello la formación de movimientos de resistencia popular a través de redes de asambleas vecinales en Famatina y Chilecito, cuyo fin consistió en proteger el recurso acuífero como condición de posibilidad para la práctica agrícola tradicional de la región.
La bibliografía existente sobre megaminería transnacional y movimientos de resistencia en América Latina es extensa, no obstante, la producción restringida al espacio que ocupa el conflicto de Famatina es reducida y puede articularse de acuerdo a tres perspectivas de análisis, en rigor:

a) Producción extractiva y expropiación transnacional del bien común en el contexto de la reproducción global del capital

b) Condiciones políticas nacionales/provinciales para la institución de un modelo de desarrollo minero local sustentable frente al modelo agrícola tradicional y

c) Proceso de formación y desarrollo del movimiento de resistencia popular. Tales perspectivas ponen de manifiesto los tres sistemas de territorialidad superpuesta que disputan el modelo de desarrollo regional en el territorio del Valle, suponiendo el valor del agua como un “bien común” escaso.

a) Producción extractiva y expropiación transnacional del bien común en el contexto de la reproducción global del capital.

Maristella Svampa y Mirta A. Antonelli (2009c) han compilado la obra colectiva Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias en la que se describe la intencionalidad de empresas transnacionales mineras de extraer recursos con metodología de explotación a cielo abierto en quince provincias argentinas, en acuerdo político con el Estado nacional y los gobiernos provinciales; la minería a cielo abierto difiere de la tradicional en lo que respecta al mayor nivel de afectación del medio ambiente por la maximización del uso de los recursos naturales, hecho que perjudica el desarrollo local por la expropiación violenta y el dominio extranjerizante del territorio. La comprensión acerca del discurso hegemónico sobre el modelo de desarrollo minero propuesto por el Estado nacional, gobiernos provinciales y las empresas transnacionales es el objeto de debate central de la obra. En este sentido, María Gisela Hadad y Tomás Palmisano (2017) escriben Cuando las territorialidades se superponen: producciones tradicionales, agronegocios y proyectos mineros en el Valle de Famatina donde incorporan el concepto de “territorialidad superpuesta” para demostrar la hipótesis por la cual “la extensión de emprendimientos operados bajo la lógica del agronegocio y diversos proyectos de megaminería en la región contienen disputas manifiestas y latentes con las producciones agrícolas tradicionales y los modos de vida locales. En el caso de estudio, la disputa gira en torno a la apropiación material y simbólica de la tierra/territorio y el agua” (Hadad et al. 2017:5-24). Las autoras comprenden la tecnología productiva centrada en los procesos primario-exportadores como la megaminería, el agronegocio y la infraestructura, en el marco de una política neoliberal que desplaza y desregula la frontera territorial de explotación de recursos primarios, subsumiendo la explotación de lugares comunes a un esquema de mercantilización violenta.

Luego, el conflicto de Famatima reveló la intersección de intereses transnacionales que, en el orden de la explotación del territorio común, atisbó la necesidad de disrupción de la población local, circunstancia que desencadenó la consecuente estructuración de movimientos de resistencia popular. Dado que la competencia por el acceso al agua es determinante para la institución hegemónica de un modelo de desarrollo en la región “la posible instalación de emprendimientos de minería a gran escala con alto consumo de agua e insumos químicos, despiertan una creciente resistencia y organización social conectada con pobladores y pequeños productores con fuerte raigambre territorial. En contraste, esta situación no parece interpelar a los actores del agronegocio. Si bien la explotación minera no ha llegado a instalarse, su potencial amenaza mantiene en vilo a la población desde hace casi una década” (Hadad et al. 2017: 5-24)

La superposición entre el interés transnacional de las megamineras, el agronegocio y la producción agrícola tradicional por la explotación del territorio común es, entonces, el núcleo del conflicto que María Gisela Hadad y Tomás Palmisano describen a través de la categoría de “territorialidad superpuesta” y que Maristella Svampa y Mirta A. Antonelli comprenden a través de los distintos modelos de desarrollo que unos y otros agentes proponen, en consideración del agua como condición necesaria para ser ejecutados.

Es preciso, asimismo, articular la “territorialidad superpuesta” con la asociación realizada por Maristella Svampa en el artículo Entre la obsesión del desarrollo y el giro eco-territorial: luces y sombras de una problemática, entre neodesarrollismo extractivista y neoliberalismo, expresado en los casos de Perú o México, así como también entre neodesarrollismo extractivista y gobiernos “progresistas”, de izquierda y centro-izquierda latinoamericanos, siendo el caso de Bolivia. En este sentido, Svampa entiende que el giro eco-territorial en América Latina supone una extensión de las fronteras del derecho frente al avance de las industrias extractivas; la defensa del territorio como “comunidad de vida” realizada por los movimientos sociales “se ha constituido cada vez más en el punto de partida de los reclamos de las movilizaciones y movimientos campesinos, indígenas, así como de los nuevos movimientos socio-territoriales. Algo que va conformando lo que podemos denominar como el giro eco-territorial de la región” (Korol 2010:83).

La hipótesis del giro eco-territorial comprende el entrecruce de la matriz indígena-comunitaria con el lenguaje ambientalista, estructurando un discurso ético sobre la territorialidad inscripto, con Martínez Alier (2004) en la lógica de un “ecologismo agrarista” campesino-populista como “ideología y práctica de las luchas populares para la preservación de los recursos naturales en la esfera de la economía moral, y una defensa en términos científicos que valora la biodiversidad y usa razonablemente los flujos de energía y materiales, sin esperanzas injustificadas en las tecnologías futuras (Martínez Alier, 2009:5). Svampa estratifica tres sentidos para la territorialidad, en los que los recursos naturales son significados como bienes comunes y bases de sustentación de las formas de vida comunitaria; de esta suerte es que el “territorio heredado” hace mención a la valoración de la historia familiar/ancestral que acaece como ligadura común de la experiencia vivencial de la comunidad, en tanto el “territorio elegido” se refiere a la elección racional motivada por la búsqueda de una mejor calidad de vida por parte de jóvenes o profesionales que residían en sectores urbanos y optan por un ambiente natural; luego, el “territorio originario” es el propio de las comunidades indígenas, el cual se encuentra en oposición al apetitico mercantil de empresas y autoridades políticas involucradas: “No se trata exclusivamente de una disputa en torno a los “recursos naturales”, sino de una disputa por la construcción de un determinado “tipo de territorialidad” (Porto Gonçalvez, 2001).

Svampa introduce una triple articulación semántica para el término “territorio”, la cual se funda en la consideración de los recursos como “bienes comunes” concebidos como a priori para la determinación de modelos regionales de desarrollo, los que se subsumen a los conflictos producidos por efecto de la “territorialidad superpuesta” que describen Hadad et al. En la tesis de grado El papel de las políticas públicas mineras (2010–2014) en la Producción de territorialidades de Juan David Sabogal Gaviria (2015), dirigida por el Dr. Oscar Buitrago Bermúdez en el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, Colombia, el autor comprende el ejercicio soberano del estado sobre la jurisdicción del territorio (Gottmann 1973:2), mientras que la territorialidad se relaciona con el poder ejercido por distintos agentes en el territorio (Raffestin 1993:7). Así es que el territorio y la territorialidad determinan las modalidades de territorialización de la comunidad, en la consideración nuclear del vínculo entre Estado, poder y población.

Supuesto el giro eco-territorial, el Valle de Famatina es territorio (heredado, elegido y originario) en el que se disputa la territorialidad entre cuatro agentes elementales: a) El Estado nacional y gobierno provincial que colaboran con el modelo de desarrollo de b) empresas mineras transnacionales y propugnan un estado de conflicto frente a la resistencia de c) asambleas vecinales autoconvocadas que defienden al agua como bien común garante del modelo de desarrollo agrícola y reciben, a su vez, la colaboración de los sectores pertenecientes al agronegocio extractivista.

b) Condiciones políticas nacionales/provinciales para la institución de un modelo de desarrollo minero local sustentable frente al modelo agrícola tradicional.

La territorialidad disputada por efecto de la voluntad de imposición de un modelo de desarrollo o minero o agrícola es interdependiente con el proceso histórico nacional mismo y las condiciones de posibilidad de desarrollo de un proyecto minero sustentable en la región, frente a la hegemonía del modelo agrícola-ganadero. Así es que Facundo Rojas y Lucrecia Wagner (2017) abordan las condiciones laborales y consecuencias socioambientales de la megaminería en La Rioja y Catamarca, entre 1850 y 1914 en Desarrollos fallidos en la minería histórica. Famatina y Capillitas, apuntes para pensar el presente socioambiental, en orden a significar el estado contemporáneo del modelo de desarrollo minero, en controversia con el modelo agrícola tradicional: “Es probable que en la actualidad estén sucediendo procesos con alguna similitud, ya que si bien encontramos salarios más altos y mejores condiciones de vida para los trabajadores, no ha desaparecido el menosprecio, -ahora por parte de las grandes trasnacionales mineras- por la voluntad de las localidades vecinas a los emprendimientos, ni el « olvido » de los dirigentes de discutir modelo de desarrollo regional, más allá de la megaminería. También se subestima el uso abusivo de recursos naturales, en relación, a la valorización prioritaria de ingresos mineros” (Rojas et al. 2017:281-307).
Desde esta perspectiva, el conflicto en Famatina es ininteligible sin la comprensión contextual del proceso de desarrollo histórico de la minería en la región, de suerte que la apropiación privada de los recursos naturales y de las remuneraciones de los trabajadores ha incidido en la crisis histórica de la actividad, llevando al abandono de la explotación durante décadas; si bien para los autores la explicación más consistente del fracaso minero en la región está dada por los altos costes de la actividad y la dificultad de acceso de medios de transportes –centrados en la explotación agrícola-ganadera como esquema de desarrollo nacional-, la orientación de la población local hacia actividades de cultivo tradicional fue también relevante para el caso.
Facundo Rojas et al., consideran como a priori de su estudio la interpretación de Orlando Caputo Leiva (2010), según quien en el siglo XXI la maximización de las tasas de ganancia de las empresas multinacionales productoras de bienes y servicios fue generada « captando parte de las remuneraciones de los trabajadores y parte de la renta de los recursos naturales de los Estados y de otros propietarios, y parte de las ganancias de la pequeña y mediana empresa » (Caputo Leiva 2010:1).

En la tesis Cuatro siglos de minería en La Rioja, Argentina: Su contribución al desarrollo económico provincial escrita por Ranulfo Eduardo Bazán (2017) para la Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas de la Universidad de Buenos Aires y dirigida por el Dr. Miguel De Marco, el autor restringe la causal del conflicto minero iniciado en el año 2006 a razones vinculadas con la gestión política provincial “al tratar de imponer, en soledad, la explotación de los yacimientos mineros, sobre todo después del dictado de la ley de ambiente en 2002, sin cumplir con la normativa relacionada con el llamado a audiencias públicas” (Bazán 2017:215). El autor señala, asimismo, que la ineficaz gestión política fue la que impidió la institución de un modelo de desarrollo minero sustentable, sobre la base del recurso de mayor valor competitivo de la provincia.

Bazán describe sucintamente el proceso de formación del movimiento de resistencia de los asambleístas riojanos, quienes dieran origen a la Asamblea de Vecinos de Famatina y a la Asamblea de Ciudadanos por la Vida de Chilecito, reunidos ambos por la consigna “El Famatina No se Toca, Sí a la Vida”.
De acuerdo a Marian Sola Álvarez (2013) en La disputa por la licencia social de los proyectos mineros en La Rioja, Argentina “Fueron varios los elementos que influyeron en la configuración del problema y en la inmediata movilización de los pobladores: el vínculo identitario que los habitantes del Valle guardan con el sistema serrano, la valoración del agua como un bien escaso, que posibilita la vida en una región caracterizada por su escasa disponibilidad y la negativa percepción sobre la actividad minera desplegada durante siglos en la zona” (Sola Álvarez 2013:31). En concordancia con la inscripción de las prácticas políticas locales dadas al conflicto, Sola Álvarez entiende que la fragilidad de los dispositivos legales de La Rioja1 y su debilidad institucional fue concomitante frente a la presión de las empresas mineras transnacionales, en tanto “la alianza del gobierno provincial con el sector minero ubica a este actor público, proclive a prácticas clientelares y autoritarias, como el principal promotor de la actividad extractiva” (Sola Álvarez 2013:39). Al igual que Bazán, la autora recorre el proceso de formación de las asambleas vecinales en Famatina y Chilecito, pero a diferencia del primero, que enfatiza el conflicto institucional acontecido por la fractura del peronismo provincial en el orden institucional, Sola Álvarez sindica la modalidad de coerción propagandística utilizado por las empresas mineras a través de la consigna “un mundo imposible sin minería” y del gobierno de La Rioja, instalando la imagen de una “minería amigable”. Sobre este último aspecto es que se extiende también Antonelli (2007) en El discurso de la “minería responsable” y el “desarrollo sustentable”: notas locales para reconstruir políticas que nos hablan en lengua global.

c) Proceso de formación y desarrollo del movimiento de resistencia popular.

Si bien la bibliografía correspondiente a las perspectivas de análisis a) y b) aborda el sentido de la resistencia de los movimientos sociales frente al poder transnacional de los proyectos megamineros, la producción en torno al proceso de formación y desarrollo de las asambleas vecinales de Famatina y Chilecito asume tres rasgos generales, a saber, la de constituirse en su carácter a) descriptivo, b) crítico o c) propagandístico.
Laura Leguizamón y Andrea Moreno (2013) en La vida no se negocia. Famatina, La Rioja 2006-2014 analizan por medio de fuentes documentales y testimoniales el modo en que la población local deviene en movimiento de resistencia; y en este sentido, identifican una primera etapa de formación y un segundo momento multiplicador, en el que los docentes convocan a la comunidad para informar sobre los efectos de la minería a cielo abierto en las formas locales de producción agrícola. El artículo comprende también el momento en el que el gobierno provincial ejerce evidente coerción en favor de los proyectos mineros, de lo cual se infiere una crisis de representatividad por la que “pesaban más las promesas de regalías que la demanda social, tampoco había un adecuado control de las empresas que pretendían instalarse a explorar solamente según lo expresaban los gerentes” (Leguizamón et al. 2013:50), sucediéndose, luego, un período de persecución de militantes, judicialización y represión de la protesta. Por último, las autoras mencionan las contradicciones al interior del bloque de asambleístas mismo, en quienes la polarización se dio a consecuencia de la controversia por participar políticamente o no hacerlo. Dicha decisión se vio sucedida por la constitución del partido político “Bloque la vida no se negocia”, que participa con triunfo en las elecciones.

En Famatina. Las vetas de un conflicto de Daniela Miranda e Irina Stojanoff (2016), los actores intervinientes en el conflicto son situados históricamente en el marco de una perspectiva antropológica y marxista, con las siguientes preguntas como estructurantes de la argumentación, en rigor: “¿Cómo el capitalismo se “inserta”? ¿Qué resistencias encuentra? ¿Cómo está conformada la asamblea de autoconvocados? ¿Cuál es el rol del Estado en este conflicto?” (Miranda et al. 2016:18). Así, Famatina es concebida como “modelo” de lucha y resistencia popular en América Latina frente a los intentos de expropiación violenta del neocolonialismo extractivista, en tanto es dicho que la comunidad del Valle forma su consciencia no sólo frente a la amenaza por las mineras de perder el reservorio acuífero como fuente garante del modelo de desarrollo agrícola tradicional, sino también por la coerción criminalizante y la represión estatal: “En el caso de Famatina si bien se logró en repetidas ocasiones frenar la instalación de los proyectos mineros en el Cerro, las condiciones legales no se han modificado y la eventual instalación de un nuevo proyecto es una amenaza constante que depende de la relación de fuerzas entre los actores que intervienen” (Miranda 2016:20). En este sentido, ante la ausencia de una legislación que proteja de manera sólida la situación de amenaza permanente, la expropiación transnacional del territorio y hegemonización de un modelo de desarrollo minero a cielo abierto depende de la fortaleza circunstancial del movimiento de resistencia popular; de aquí que María Magdalena Sosa Daniele presentara su tesis de grado con el título La problemática de la minería en el Famatina-La Rioja-Argentina. La necesidad de introducir un proyecto de ley que prohíba la actividad minera metalífera a cielo abierto (2014).

Por último, el análisis de la Ley de Glaciares y la situación del movimiento social en Famatina es realizado por María Eugenia Di Paola y Dolores María Duverges (2013) en Famatina: Minería, Participación y Ley de Glaciares, en el Informe Ambiental Anual 2013 editado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, donde concluyen que “A nivel de los diferentes poderes del Estado, es actualmente el Poder Judicial quien se consolida como el principal garante en la aplicación y observancia de las disposiciones establecidas en la Ley de Glaciares. Ello frente a la falta de implementación por parte del Ejecutivo de las medidas dispuestas en dicho texto legal y que hacen a su plena vigencia y a la observancia de sus objetivos, lo que en definitiva hace a la preservación del ambiente regulado. Vital relevancia cobra el rol asumido por la ciudadanía, la que por sí sola se moviliza y recurre a los medios de comunicación y a la Justicia, ejerciendo sus derechos y reclamando la aplicación de la ley” (Di Paola et al. 2013:336).

De acuerdo a la bibliografía existente, la disputa por el tipo de territorialidad en el Valle de Famatina (territorio heredado, elegido y originario) ha determinado la estructuración de un conflicto entre agentes estatales-transnacionales y movimientos populares-campesinos apoyados por el sector de los agronegocios, cuyo eje está dado por la apropiación/expropiación violenta de la base de sustentación acuífera –en tanto bien común- del modelo de desarrollo agrícola tradicional. El proceso acontecido en Famatina es ejemplar en el orden regional latinoamericano, donde situaciones análogas se han replicado en las últimas dos décadas, teniendo en cuenta el establecimiento de nuevas formas de neocolonialismo, concomitantes con esquemas neodesarrollistas de base extractivista neoliberal y apoyados, en ciertos casos, por gobiernos progresistas. Las categorías de análisis del caso más relevantes se corresponden con la teoría post-marxista, en tanto los movimientos de resistencia que disputan territorialidad frente a la transnacionalización de los bienes comunes han sido estudiados a partir de la hipótesis del giro eco-territorial o eco-comunitario, y ello también, desde la perspectiva teórica de la acumulación por desposesión de David Harvey que supone la posibilidad de mercantilización de espacios comunes.

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Documentos audiovisuales
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